Este informe presenta las barreras de accesibilidad a las que se enfrentan las personas con discapacidad a la hora de utilizar los teléfonos de emergencia, en especial el 112, y que ya ha denunciado la plataforma de representantes de las personas con discapacidad. Una de las principales conclusiones del documento es que el número 112 no es lo suficientemente accesible ni operativo, y no aprovecha las nuevas tecnologías.

 

Según el CERMI, el servicio presta “especial dificultad” para personas con discapacidad auditiva, sordociegos o personas con dificultades de expresión oral, que no pueden utilizarlo en igualdad de condiciones.

 

En este sentido, la plataforma de representantes de la discapacidad denuncia que la comunicación a través de diagramas, sms, faxes y cualquiera de las formas actualmente disponibles para las personas con discapacidad auditiva sigue sin resultar satisfactoria para las necesidades de este colectivo.

 

Además, el teléfono 112 es gestionado por las distintas comunidades autónomas, que solicitan con anterioridad a los usuarios con discapacidad auditiva que se registren previamente para poder identificar su llamada y atenderles por mensaje de texto. Como consecuencia de esta falta de accesibilidad, cualquier persona sorda no tiene acceso al 112 si se encuentra fuera de su comunidad autónoma.

 

Uno de los casos destacados en el informe es el de Cantabria, donde además de los problemas comunes al resto de comunidades autónomas, el servicio no es gratuito, y no garantiza el derecho a las personas sordas a ser atendidas en Lengua de Signos, recogido en la Ley 27/2007.

 

El CERMI critica la falta de difusión y comunicación a la ciudadanía por parte de los servicios de teléfonos de emergencia, generando un importante desconocimiento en relación a los servicios disponibles y alternativas de acceso para personas con discapacidad.

 

La plataforma representativa de la discapacidad en España recuerda que la accesibilidad en los diferentes teléfonos de emergencia es un derecho fundamental para que las personas con discapacidad puedan acceder a este servicio cuando lo necesiten. Por ejemplo, es necesario que existan mecanismos para que a través de las nuevas tecnologías las personas sordas puedan mantener una interlocución en igualdad de condiciones con quien atienda su llamada.